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El expresidente de Azul Azul recibió una millonaria multa, “por infringir las regulaciones de la Ley de Mercado de Valores que obligan a realizar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA)”, lo cual hace alusión al momento en que adquirió el paquete mayoritario del club.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una millonaria multa al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, debido a una infracción en el proceso de la toma de control de la concesionaria.
Dicha multa asciende a 20.000 unidades de fomento (UF), lo que equivale a más de 820 millones de pesos.
El extimonel de Universidad de Chile, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso Sartor, fue sancionado “por infringir las regulaciones de la Ley de Mercado de Valores que obligan a realizar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA)”.
En concreto, la CMF explicó en un comunicado que “Conforme a la Resolución N°11230, el 13 de diciembre de 2024, Michael Clark, a través de Inversiones Antumalal Limitada, compró a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, equivalentes al 90,07% del total de cuotas del referido fondo. Esto le permitió tomar el control de Azul Azul S.A, por cuanto el Fondo indicado participaba en la propiedad de Azul Azul S.A. con un 63,07% de sus acciones Serie B, otorgándole el poder para asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de sus directores”.
Sin embargo, el organismo enfatizó que “el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores obliga a realizar una oferta pública de adquisición de acciones de una sociedad anónima abierta, cuando una adquisición, directa o indirecta, le permite tomar el control de esa sociedad, procedimiento que fue omitido en el presente caso”.
“La exigencia de realizar una OPA tiene por objeto, entre otros, resguardar la equidad en el Mercado de Valores frente a una toma de control, de modo que todos los accionistas puedan concurrir a vender sus acciones en los mismos términos, para que los beneficios se repartan entre todos quienes participan de la propiedad de la sociedad”, añadió.
En ese marco, la CMF concluyó que “la omisión de la OPA configuró una infracción de la máxima gravedad, pues privó a los accionistas de la posibilidad de concurrir a vender sus acciones en un procedimiento especialmente previsto para ello en la Ley”.