Según informó La Segunda, la mesa directiva resolvió mantener bajo reserva una operación de compra y venta de divisas por 46 millones de dólares que arrojó un descuadre cercano a los 790 millones de pesos. Dicha decisión se habría tomado argumentando que el exdirector ejecutivo de la corporación, Harold Mayne-Nicholls, competía como candidato presidencial.
Un acta de una sesión extraordinaria de la mesa directiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 dio a conocer una compleja trama financiera y administrativa, la cual sacude los balances de dicha corporación.
De acuerdo a lo informado por La Segunda, la mesa directiva resolvió mantener bajo reserva una operación de compra y venta de divisas por 46 millones de dólares, que arrojó un descuadre cercano a los 790 millones de pesos.
Esta decisión se habría tomado argumentando que el exdirector ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, competía como candidato presidencial.
El citado medio, según consignó Radio Cooperativa, precisó que los antecedentes corresponden a una reunión celebrada el 6 de noviembre por la Corporación Santiago 2023.
La cita fue encabezada por el exministro del Deporte, Jaime Pizarro. Además, participaron el timonel del Comité Olímpico de Chile (COCh) y vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Mujica, y el director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro.
En la reunión, la mesa dejó constancia de que jamás autorizó ni conoció con anterioridad las maniobras cambiarias ejecutadas por la administración ejecutiva.
La acción en cuestión fue impulsada por Mayne-Nicholls y el exdirector de Administración y Finanzas (DAF), Juan Enrique Montes. En concreto, solicitaron recursos adicionales a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para adquirir anticipadamente 46 millones de dólares ante la volatilidad de la divisa.
Luego, de ese monto, se rindieron 32,4 millones de dólares para compromisos internacionales. En tanto, los 13,6 millones restantes fueron revendidos a la banca comercial meses después, sin una validación previa del directorio.
Según la publicación, la situación estalló cuando se debían justificar los fondos públicos ante el IND. La corporación pretendía validar los gastos utilizando el tipo de cambio fijado el día de la compra masiva. No obstante, la Contraloría exige calcular las rendiciones según el valor del dólar en la fecha exacta en que se ejecutó cada pago.
Producto de que la divisa bajó en esos días intermedios, se consolidó una diferencia en contra de aproximadamente 790 millones de pesos. A esto se sumaban otros 300 millones imposibles de rendir, sin transparentar la maniobra financiera.
Debido a esto, el vicepresidente de la corporación, Miguel Ángel Mujica, apuntó a que el IND debía definir un mecanismo para sacar adelante la rendición. Asimismo, planteó “dejar este asunto en reserva, dado que el exdirector ejecutivo es actualmente candidato presidencial”.
De igual forma, cuestionó que una adquisición de este nivel no pasara por un proceso de licitación ni contara con informes legales previos. Además, el director nacional del IND, Israel Castro, también criticó la gestión, y tildó el actuar de la administración liderada por Mayne-Nicholls como “bastante irresponsable”.
Después del debate, el directorio acordó por unanimidad rendir ante el IND la totalidad de la diferencia de los 790 millones de pesos, desmarcándose formalmente de la decisión financiera.
Por su parte, el itinerario del asesor jurídico del Ministerio del Deporte, Hugo Castelli, contempla que una vez cerrado el informe del IND, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría. Aquí, y en caso de exigirse la restitución de caudales públicos, se procederá a la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE).